Delitos económicos

Los delitos económicos simples agrupan conductas como estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso de cheques, fraude informático y uso malicioso de medios de pago. En todas hay un elemento común: ánimo de lucro y perjuicio para un tercero.

 

En la estafa, el eje es el engaño idóneo que induce a error a la víctima para desprenderse de dinero o bienes; en la apropiación indebida y la administración desleal, el foco está en el abuso de confianza respecto de bienes ajenos que ya se tenían lícitamente (mandato, depósito, cargo directivo); en el fraude informático, se utilizan manipulaciones de sistemas o datos para producir transferencias o ventajas indebidas.

​

La frontera entre incumplimiento civil y fraude penal es decisiva. Un negocio fallido, un atraso o una mala gestión no bastan por sí solos para configurar delito. La Fiscalía busca ardides concretos, simulaciones, ocultamientos relevantes, promesas imposibles conocidas por el imputado, o desvíos de activos contrarios al deber de cuidado. Se analizan la trazabilidad del dinero, la documentación contractual, correos, chats, libros contables, y la realidad económica por sobre las apariencias.

​

La prueba en estos casos es documental y pericial: extractos y movimientos bancarios, reportes de conciliación, correos y mensajería, contratos y anexos, facturación, respaldos de transferencias, peritajes contables e informáticos, auditorías forenses, metadatos y registros de acceso. También pesan las comunicaciones previas y posteriores al hecho (qué se prometió, qué se entregó, qué se informó cuando surgieron los problemas), y el comportamiento posterior del imputado respecto de la deuda o la restitución.

​

En la investigación son frecuentes medidas intrusivas: orden de incautación de computadores y teléfonos, acceso a cuentas con autorización judicial, levantamiento de secreto bancario en términos acotados, y congelamiento de fondos cuando existen riesgos de distracción de bienes. Si el caso escala, pueden solicitarse medidas cautelares personales (firma, arraigo, prohibición de celebrar actos o contratos, e incluso prisión preventiva en escenarios de alto monto, reiteración o peligro de fuga), además de cautelares reales sobre activos.

​

Las penas varían según el tipo y la cuantía del perjuicio: van desde multas y presidio menor en sus distintos rangos, hasta inhabilidades especiales y comiso de ganancias. La existencia de reiteración, el uso de medios sofisticados, la afectación a múltiples víctimas o el rol de administrador/directivo pueden agravar el panorama. A la inversa, la reparación del daño, la colaboración y el irreprochable comportamiento anterior suelen influir a favor del imputado. En varios supuestos es posible discutir salidas alternativas o acuerdos reparatorios, siempre que la ley lo permita y que exista voluntad real de resarcir.

​

En términos prácticos para quien enfrenta una imputación, lo que marca la diferencia es la contabilidad ordenada, la traza de decisiones (actas, correos, informes), la segregación de cuentas personales y de la empresa, y la coherencia entre lo prometido y lo ejecutado. La discusión penal se decide con datos verificables: dónde estaba el dinero, qué respaldo tenía cada movimiento, qué sabías y cuándo lo supiste, y si hubo engaño o abuso de confianza más allá de un mero incumplimiento comercial.

​

En Poblete y Asociados Abogados, sabemos que estos casos requieren un enfoque estratégico. Revisamos documentación contable, contratos, peritajes financieros y declaraciones de testigos para construir una defensa sólida. También verificamos si se cumplieron los requisitos para configurar el delito y si las pruebas cumplen con los estándares de admisibilidad. Sin defensa experta, podrías enfrentar la sanción más alta dentro del rango legal. Con nuestra asesoría, aumentas las posibilidades de reducir las consecuencias, explorar salidas alternativas o negociar acuerdos que protejan tu patrimonio y tu libertad.